Legisladores de La Libertad Avanza impulsan un proyecto de ley para prohibir las comunicaciones telefónicas, el acceso a redes sociales e internet dentro de los establecimientos penitenciarios de Río Negro, como así también la suspensión preventiva de las comunicaciones telefónicas en caso de sospecha fundada de actividad delictiva, garantizando así una respuesta rápida y eficaz ante posibles amenazas a la seguridad pública.
«Esta acción se respalda en la evidencia de que los dispositivos telefónicos no contribuyen al proceso de rehabilitación de los internos y representan una amenaza para la seguridad ciudadana», expresan los fundamentos.
Los legisladores César Domínguez, Santiago Ibarrolaza y Patricia McKidd subrayaron que «con esta legislación, se busca no solo prohibir, sino también controlar y prevenir el uso indebido de la comunicación telefónica desde los complejos penitenciarios, en aras de proteger a los ciudadanos de Río Negro de delitos como estafas y amenazas perpetradas desde el interior de las cárceles».
Para asegurar el equilibrio entre los derechos de los internos y la protección de la sociedad, el proyecto establece condiciones excepcionales para la comunicación telefónica, limitando su duración y frecuencia, así como la obligación de utilizar teléfonos fijos conectados a un conmutador. Además, se implementarán controles exhaustivos para prevenir el uso indebido de estas comunicaciones con fines delictivos.
«En respuesta al preocupante incremento de delitos perpetrados mediante el uso de dispositivos de comunicación desde las cárceles provinciales, se presenta un proyecto de ley fundamental para salvaguardar la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos de Río Negro», indicaron desde LLA. «En consonancia con la reciente reforma legislativa que fortalece los recursos y la reiterancia en casos delictivos, este proyecto adquiere mayor relevancia para garantizar la prevención de delitos cometidos por internos penitenciarios», agregaron.
Y recordaron que «en Río Negro desde el 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Seguridad y Justicia implementó un Protocolo de utilización de telefónica celular dentro de las cárceles. Dicho mecanismo, si bien estipula ‘establecer la identidad de los dispositivos y realizar de forma precisa una regulación de su tenencia y uso dentro de cada establecimiento’, la realidad demuestra que la regla es la utilización ilimitada de los teléfonos por parte de los internos», concluyeron.
