La oposición ya dijo que no aceptará suspender las Primarias. Pero en la Casa Rosada necesitan que al menos se retrasen para ganar tiempo y que se note algo de recuperación económica
Aunque prefieren no decirlo en público, los principales funcionarios del gobierno de Alberto Fernández ya saben que será imposible modificar la legislación electoral para saltearse las PASO de este año. “Estamos trabajando con la idea de que las PASO se van a hacer, porque no hay consenso para suspenderlas”, admitió esta semana a Clarín uno de los funcionarios más importantes de la Casa Rosada.
Entre los motivos que tiene el Gobierno para dar por muerto el intento original hay al menos tres restricciones políticas: en la propia coalición del Frente de Todos no hay consenso sobre las ventajas que traería al oficialismo eliminar la primera ronda de votaciones, no están los votos necesarios para modificar la ley porque la oposición ya avisó que está en contra de ese plan y el Gobierno tampoco tiene el poder para impedir que haya PASO en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. “La verdad que es inútil que paguemos el costo de cambiar todo si la mitad de la gente igual va a tener que ir a votar ese día”, explica el mismo funcionario sobre este último punto.
Frente a esa situación, el Gobierno optó por buscar al menos una postergación que le permita ganar todo el tiempo que sea posible para alejar la elección del punto más bajo de la crisis. El argumento de la postergación ganó peso en las conversaciones del oficialismo cuando quedó en evidencia que todas las promesas de conseguir tasas de vacunación apreciables durante el verano habían quedado deshechas. “Sin vacunas, ni siquiera podemos empezar a hacer campaña”, admite uno de los funcionarios del Poder Ejecutivo que tienen en su celular la aplicación para seguir hora a hora la aplicación de vacunas.
Por estas horas, en el Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete -los dos organismos dedicados a negociar con los proveedores de vacunas- están dedicados a tratar de reconstruir algo parecido a un nuevo calendario de envíos de vacunas Sputnik V. Después de la conversación entre Alberto Fernández y Vladimir Putin de esta semana, los funcionarios y técnicos argentinos les pidieron que, una vez blanqueado el incumplimiento del contrato con el Fondo Ruso de Inversión Directa, intentaran recomponer una nueva promesa de entrega. Hasta hoy, eso no se consiguió. Los rusos les avisaron a los argentinos que el retraso en las certificaciones de la producción en los laboratorios de India y Corea del Sur -que deben enviar sus vacunas a Moscú- volvió imposible el arranque de una campaña de vacunación masiva en la Argentina.
Paradójicamente, esa carencia le permitirá al Gobierno volver a presentar a la oposición la idea de modificar el calendario electoral, con el argumento de que la votación de agosto que marca la ley se producirá con buena parte de la población todavía sin vacunar.
Esa situación sanitaria, admiten en el Gobierno, se combina con la necesidad electoral de un oficialismo que hoy percibe que no cuenta con meses por delante para recuperar los votantes que en 2019 optaron por el Frente de Todos y que en los últimos meses se alejaron del Gobierno por la crisis económica, por los errores en el manejo de la pandemia y también por el peso que ganó Cristina Kirchner y el kirchnerismo más duro en las decisiones y posiciones públicas de la Casa Rosada.
En el oficialismo están decididos a mantener al Presidente lejos de la discusión mediática por el calendarios electoral. “No queremos que Alberto promueva el debate y tampoco que lo clausure. Por eso es que los que están al frente son los gobernadores”, explica a Clarín uno de los funcionarios que pesa en la estrategia electoral del Frente de Todos. La razón de ese recaudo es simple: el Gobierno no está como para seguir anunciando muchas cosas más que no se cumplen.
